La Sala 3º de la Cámara de Apelación Laboral confirmó con el voto de todos sus miembros el fallo en primera instancia por el que Justicia laboral de San Lorenzo dispuso reincorporar a un grupo de contratados del municipio que fueron cesanteados a poco de asumir el actual intendente Leonardo Raimundo.
Este nuevo revés para la administración local resultaba previsible de acuerdo al tenor que habían tenido las audiencias convocadas por la Cámara de Apelación.
En este caso, con el voto de los tres camaristas Angel Félix Angelides, Sara Burde y José Antonio Villar, se resolvió rechazar los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la Municipalidad y confirmar el fallo en primera instancia del Juzgado en lo Laboral del distrito 12 con asiento en San Lorenzo, a cargo de Hebe García Borras.
Más allá de que trascendió que desde el municipio se recurrirá a una instancia superior, el fallo unánime tiene términos muy contundentes cuando habla de la acción del municipio. En uno de sus párrafos, sostiene que «se verifica una actuación de la administración que reúne los presupuestos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta», y menciona que se «violó el deber de no discriminar» en referencia al comportamiento para con los trabajadores.
Erogación. Otro dato no menor es el que la resolución fija que las costas serán el 50 por ciento del monto fijado en su momento por el Tribunal de primera instancia, y ya hay quien se pregunta cuánto le costará a los contribuyentes. Lo cierto es que luego de la decisión de no renovar contratos comenzaron los reclamos ante le Ministerio de Trabajo y la Justicia, junto con una carpa frente a la Municipalidad que lleva 153 días.
En este caso se trata de un recurso interpuesto por seis contratados. La Justicia de primera instancia dispuso que fueran reintegrados como personal transitorio, con la salvedad de que deberían «permanecer en esta condición hasta tanto la Municipalidad llame a concurso para cubrir los cargos en los que ellos deberán volver a desempeñarse».
En espera. Por otro lado, aún quedan por resolverse los recursos de amparo que presentaron siete trabajadores en el marco de la ley sindical Nº 23.551, a los que tampoco se les renovó el contrato.
En este caso estos amparos corren por una vía legal diferente, ya que se trata de personas que tenían algún tipo de actividad gremial en la Asociación de Trabajadores Municipales, uno de los gremios que aglutinan al personal. Ellos son quienes sostienen la carpa frente al municipio.
Pedido. Y si algo faltaba para sumar una polémica más a la situación de los contratados, el Sitram de San Lorenzo presentó un proyecto Concejo Municipal para que se efectivice a todos los contratados que tiene hoy la Municipalidad.
Se trata de un proyecto similar a los presentados por este gremio en los años 2006 y 2007, que fueran votados afirmativamente por el actual intendente Raimundo cuando era concejal, y vetados por la mandataria anterior, Mónica de la Quintana.
Se estima que en la actualidad un total de 260 trabajadores estarían desempeñándose en esa condición en el ámbito del municipio.
Fuente: Diario «La Capital»